miércoles, 10 de septiembre de 2014

Plan de Lucha para derrotar al Ajuste e imponer una Asamblea Constituyente

Luego del parazo, plan de lucha para derrotar al ajuste

El paro nacional del 28A fue el más importante de los que se hicieron contra el gobierno de Cristina, porque más allá del funcionamiento de los colectivos, los aprietes y las maniobras para frenarlo, millones pararon las fábricas y empresas demostrando que la bronca contra el gobierno crece.

El paro fue esencialmente político porque la mayoría sabía que no se conseguiría reabrir las paritarias o terminar con el impuesto a los salarios. Los que pararon tampoco tenían expectativas en los convocantes, ya que las figuras de Moyano -como toda la burocracia- Micheli y compañía están totalmente devaluados entre las bases.

La paralización de gran parte del país es una advertencia de lo que se viene y una demostración de que la inflación -por un lado- y las cesantías y suspensiones -por el otro- son el combustible altamente inflamable que empuja a cada vez más sectores obreros y populares a salir a la lucha y a radicalizar los conflictos.

La constante y sistemática pérdida del poder adquisitivo de los salarios y los puestos de trabajo que plantea la pelea por la reapertura de las paritarias y la defensa del empleo, coloca a la orden del día la necesidad que la clase obrera imponga un plan de lucha en serio para ir hasta el fondo, acabando con el ajuste y el gobierno de Cristina.

Si esta gente continúa gobernando y aplicando sus políticas dejarán un verdadero tendal de millones de trabajadores desocupados y salarios de hambre para los que tengan la “suerte” de conservar sus empleos. Por eso, ni bien terminó la protesta nacional, Cristina y los suyos pegaron de vuelta con un aumento de las naftas, los impuestos y los precios de los productos de consumo masivo.

¡Fue así que buena parte de la población -que ya considera un lujo comprar un poco de carne- recibió boletas de gas con incrementos de hasta el 600 %! En ese marco el paisaje ya no es el mismo que el de años atrás, porque ahora los que abundan son los locales sin público o directamente vacíos porque fueron cerrados por sus dueños, que no pudieron afrontar los costos básicos de mantenimiento.  

Mientras esto sucede Cristina y los gobernadores discuten la manera de imponer otra devaluación del peso para bajar los costos laborales, dando así cumplimiento a las demandas de “competividad” de las patronales y a los usureros internacionales, quienes pretenden cobrar uno por uno los compromisos de la Deuda. Para eso recortan gastos de salud, educación y ayuda social y despiden a miles de trabajadores contratados.

Esta situación es el caldo de cultivo de durísimos conflictos parciales en contra de los despidos, las suspensiones y la rebaja salarial mediante el impuesto inflacionario, como así también de grandes estallidos provinciales y nacionales, similares o aún más grandes que el Argentinazo de 2001.

El gobierno, las patronales, la burocracia y las fuerzas políticas de la oposición patronal son conscientes de esto. Por eso, mientras disputan sus candidaturas, coinciden en tratar de canalizar la bronca hacia las elecciones de 2015; aparentando que algo cambiará -con el recambio presidencial- para que en el fondo nada se modifique.

Lamentablemente la fuerza que podría atentar contra este pacto de estabilización del régimen -el Frente de Izquierda- se sumó al mismo como su “pata izquierda”, desalentando y desmantelando cualquier perspectiva de coordinación, unificación y radicalización de las luchas por abajo.

Así actuaron las direcciones del PTS y otros partidos, que impidieron que el Encuentro Sindical Combativo que promovieron se transformara en el órgano de unidad de los conflictos que reclamaban los miles de activistas combativos que se dieron cita en el estadio de Atlanta, cuando se fundó el ESC.

Lo mismo sucedió en el ámbito de la docencia de la Provincia de Buenos Aires, donde el PO y el PTS coincidieron con los dirigentes gremiales del PCR en desactivar el Plenario Provincial de Delegados con mandato que fue capaz de desbordar a la burocracia de Baradel y el Frente Gremial parando a decenas de miles de compañeros y compañeras de Buenos Aires.

Sin embargo, a pesar de este “Pacto para Llegar a 2015”, el ajustazo desatará luchas cada vez más fuertes y politizadas. Por lo tanto la tarea de los luchadores debe ser impulsarlas, organizarlas y jugarse a unificarlas mediante coordinadoras regionales y la exigencia e imposición a las conducciones gremiales de un verdadero Plan de Lucha para acabar con el Plan de Ajuste.

La nueva camada de activistas obreros que está surgiendo y fogueándose en esta complicada situación tiene que ser ayudada por la izquierda combativa y consecuente en la tarea de impulsar las asambleas y plenarios de delegados que voten este objetivo fundamental.

Por una Asamblea Constituyente

El activismo debe proponerse impulsar e imponer un plan de lucha en serio para derrotar al gobierno y su ajuste, ya que si esto no sucede terminará imponiéndose la política antiobrera y antipopular de Cristina, dejando millones de trabajadores en la calle y otros millones cobrando salarios insignificantes.

Esta pelea debe servir para imponer una salida mediante la cual los trabajadores y el pueblo resuelvan qué “modelo” del país se necesita para salir de la crisis. Para eso no hace falta esperar hasta las elecciones presidenciales de octubre de 2015, que es lo que pretenden tanto el gobierno como la mayoría de la oposición patronal y burocrática.

El pueblo puede ejercer ese derecho a través de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, transformando al país en una “gran asamblea” que discuta y resuelva si el pueblo está de acuerdo en mantener el actual “modelo” entreguista y ajustador al servicio de los monopolios o rompemos las cadenas de la dependencia y  empezamos a construir un país libre y soberano con un gobierno que defienda los intereses de las mayorías.

En esa instancia los socialistas propondremos medidas de fondo como el no pago de la deuda, la estatización -bajo control obrero- de las empresas que despidan o suspendan y el gobierno de los únicos interesados en garantizarlas, el de los trabajadores y el pueblo.

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