martes, 12 de agosto de 2014

El Partido Obrero salió a defender jueces y fiscales...

En una audiencia citada por el caso del fiscal Campagnoli -investigador de la fortuna de Lázaro Baez- el diputado del PO Néstor Pitrola declaró que estaba allí para “rechazar este grotesco enjuiciamiento… no hay pruebas, no hay sustancia, es una persecución política".  

Pitrola también dijo que “vamos a ser tenaces en defender toda persecución contra un funcionario de la Justicia que ataque la corrupción…” y que “vamos a defender tenazmente al juez federal Lijo de cualquier maniobra, que ya las hubo, para encubrir o desviar la investigación sobre el vicepresidente". 

Al finalizar sus declaraciones el legislador ratificó esta línea agregando que "Defendemos decididamente a los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, que no conozco personalmente, como tampoco su ideología, pero que son jueces que han fallado sistemáticamente en favor de los jubilados y hay un proceso armado para removerlos de sus cargos".  

Para Pitrola -por lo tanto para la dirección del Partido Obrero- su rol en el parlamento es apuntalar a jueces y fiscales que estarían “impartiendo justicia y atacando la corrupción”. Para nosotros el papel de los revolucionarios dentro del parlamento burgués no es ese sino el de denunciar el carácter de clase de la justicia. 

Pitrola, como cualquier otro diputado de izquierda, debería realizar una campaña sistemática en contra de esta institución reaccionaria convocando a las masas a no confiar ni un segundo en ninguno de sus funcionarios, alertándolas de que aún cuando sus fallos puedan -circunstancialmente- beneficiar a la clase obrera y el pueblo estos constituyen un engaño.  

Es que los dictámenes e investigaciones de los jueces no están regidos por la lógica de los de abajo sino por los intereses de la clase social que domina al conjunto de las instituciones del estado, la burguesía. ¡Nunca los hacen para cuestionar su dominio sino todo lo contrario!  

Eso no quiere decir que no existan contradicciones o que no haya que aprovecharlas para imponer o defender ciertas leyes o normativas favorables a los intereses de la clase trabajadora y el pueblo pobre.

Sin embargo los revolucionarios no podemos caer en las trampas del régimen, que mientras prepara la sucesión de Cristina -para imponer gobernantes más “potables” pero con los mismos planes- está llevando adelante una campaña de embellecimiento del poder judicial.  

Para eso están poniendo en la vidriera a jueces de la calaña de Lijo, quien entre otros “méritos” tiene el de haber cajoneado la causa contra los asesinos de Kosteky y Santillán y la del ex agente de la dictadura Gerardo Martínez, actual secretario general de la UOCRA y mano derecha sindical de Cristina. 

Los capitalistas pretenden que esta justicia, desprestigiada ante los ojos del pueblo, aparezca como un cuerpo “renovado”. ¡Es que la mayoría bien sabe que los jueces y fiscales nunca castigan a los ladrones de guante blanco sino a los “ladrones de gallinas” y a los luchadores y luchadoras! 

Lamentablemente el Partido Obrero cayó en la trampa del régimen, colaborando con la política de apuntalamiento de una institución que más que regenerarse debe ser liquidada por la movilización obrera y popular, que tiene que imponer sus propias instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales.

 El PO, en vez de defender a funcionarios como Lijo y Campagnoli, debería aprovechar sus bancas para agitar permanente y sistemáticamente la necesidad de reemplazar al actual sistema judicial por otro basado en tribunales y jueces populares, el único en condiciones de defender los intereses de los excluidos.

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