lunes, 20 de junio de 2011

Caso Shocklender / Un chivo emisario para ocultar la corrupción y los planes del gobierno

Uno de los dirigentes más importantes del kirchnerismo, el diputado Agustín Rossi, salió a defender al ministro de Planificación, Julio De Vido, declarando que "No tengo ninguna duda de que se han tomado en cuenta todos los controles, todas las previsiones dentro de lo que la ley prescribe". También trató de sacarle responsabilidades a otros funcionarios, argumentando que "La mayoría de los fondos de Planificación -correspondientes al plan Sueños Compartidos- se manejan de manera descentralizada en gobernaciones y municipios".

Este alegato va en el mismo sentido que la querella iniciada por las Madres contra Schocklender: ¡Trata de cargar las tintas sobre su figura y la mafia de empresarios y testaferros que lo rodean! No hay dudas que Sergio y su hermano se enriquecieron robando fondos del estado, invirtiéndolos en empresas o lavándolos en paraísos fiscales, o que la mayoría de los intendentes forman parte de la cadena delictiva.

Sin embargo los máximos responsables de este enorme robo son los ministros y secretarios, que responden a las órdenes de Cristina Kirchner y Hebe de Bonafini, que trata de defenderse y encubrirlos. ¡Los contratos dicen claramente que el control de las obras le corresponde a la Nación, más específicamente al área comandada por el ministro de Planificación Federal Julio De Vido!

Este gobierno, que compró la adhesión política de un verdadero símbolo de la lucha por los derechos humanos, como fueron las Madres de Plaza de Mayo que responden a Hebe, corrompió a su fundación, al Plan “Sueños Compartidos” y a todo lo que rodea al otrora organismo de defensa de los derechos humanos, convirtiéndolo en una verdadera oficina gubernamental.

Un plan al servicio de los empresarios de la construcción

El gobierno de Néstor, primero, y el de Cristina después, decidieron que las Madres lideradas por Hebe Bonafini tomaran el control de uno de los planes más grandes de viviendas de los últimos años. El objetivo - con o sin lavado de dinero de por medio - fue cubrir “por izquierda” el carácter reaccionario de este emprendimiento, cuyo principal objetivo no era resolver problemas habitacionales, sino enriquecer mediante la superexplotación obrera, a un grupo de empresarios amigos del gobierno.

Los trabajadores que construyen casas para “Sueños Compartidos” no cuentan con los derechos salariales, reivindicativos y sindicales elementales, ni siquiera con las condiciones que marca el convenio de la UOCRA, que es el más bajo de la industria. Esto es así porque el mandamás de ese gremio, Gerardo Martínez, pactó con Cristina y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) un acuerdo esclavista, mediante el cual se están implementando este tipo obras, en el ámbito privado y público.

Respecto del acuerdo, Martínez, quien está candidateado por el ministro De Vido para ocupar la secretaría general de la CGT -reemplazando a Hugo Moyano- afirmó que estaba dispuesto a "aportar al diálogo y la cohesión social, una responsabilidad compartida entre Estado, empresarios y trabajadores para dotar de certidumbre y previsibilidad a las variables económicas, sociales y laborales…”

La realización de este plan antiobrero es otra demostración de que este gobierno defiende los intereses de las grandes empresas que los sostienen, como Techint, Roggio o Meldorek, la empresa de los Shocklender y sus testaferros. Al servicio de esta gente, Cristina y los suyos aplican políticas de flexibilización y esclavización laboral.

El gobierno corrompió los organismos que compró

Las Madres de Hebe Bonafini, hace muchos años que han dejado de impulsar la lucha contra la represión, la libertad de los presos o el desprocesamiento de los luchadores perseguidos por el gobierno. Se han transformado, a cambio de millones de dólares y prebendas, en una dependencia al servicio de las políticas de Cristina y los monopolios. ¡La pérdida de su independencia política respecto al estado, les cambió totalmente su contenido! Nada tienen que ver con lo que fueron años atrás.

Esta política es similar a la que Néstor y Cristina sostuvieron con el INADI, una secretaría que tendría que servir para pelear contra la discriminación. Sin embargo no cumplió ningún papel progresivo y terminó siendo el “botín de guerra” de varias camarillas, que se están peleando de manera escandalosa por el manejo de su presupuesto, que es varias veces millonarios.

Conocedores de la crisis que provocó el caso Schocklender, desde el gobierno han entregado su investigación al Juez Oyarbide, conocido públicamente por “dormir” causas relacionadas a la Triple A peronista o sobreseer a altos funcionarios kirchneristas. Por lo tanto, en sus manos la investigación tendrá un solo objetivo: salvarle la imagen del gobierno, que la necesita para encarar exitosamente las próximas elecciones.

Los únicos capacitados para investigar hasta el fondo son aquellos organismos de derechos humanos que no fueron comprados por el gobierno, como también los trabajadores del plan “Sueños Compartidos”, ya que están sufriendo las consecuencias de la implementación del pacto entre Cristina, la CAC y Gerardo Martínez.

Los representantes de estos sectores tendrían que formar una comisión independiente, que convoque a todos los que pretenden juzgar y castigar a los culpables, pidiéndole pruebas y garantizando su seguridad. Esta comisión debe impulsar una gran movilización con el propósito de apoyar la investigación, de manera que la causa no termine “cajoneada” y caigan todos los que tienen que caer.

El peronismo, la ideología de la corrupción

Los millones de dólares puestos por el gobierno para corromper a las Madres constituyen una de las razones que explican lo que ha pasado, pero no la única. Existe otra, que no es económica, sino ideológica. Tiene que ver con la afinidad política de Hebe y otros dirigentes de los derechos humanos con el actual gobierno.

Bonafini, al igual que una parte de los funcionarios gubernamentales, reivindica a las conducciones guerrilleras de los 70, dirigencias que no pelearon a favor de la independencia política de los trabajadores frente a las patronales, sino por una “alianza de clases”, supuestamente antiimperialista.

La guerrilla de los 70s, particularmente el ERP y los Montoneros, eran organizaciones pro-burguesas, ya que más allá del heroísmo de sus combatientes, sostenían la perspectiva de un gobierno de “frente popular”, una concepción similar a la que tiene el viejo Partido Comunista, que no por casualidad forma parte del actual gobierno.

El ERP fue destrozado por la represión durante los primeros tiempos de la dictadura, mientras llamaba a una alianza con la burguesía nacional para salvar el país. Esta unidad se expresó orgánicamente en la decisión de organizar un frente estratégico con los Montoneros, quienes tenían una clara ideología patronal, proveniente de su educación y tradición peronista.

El “socialismo” que declamaban los compañeros del ERP y los Montoneros nada tenía que ver con sus políticas centrales, que estaban orientadas hacia la concreción del frente popular, un planteo compatible con la existencia del estado burgués, nada diferente del que comanda en la actualidad Cristina Kirchner.

La lucha por la recuperación de las asociaciones de derechos humanos cooptadas por los K y por la defensa de las que no capitularon, forma parte de una batalla política más amplia, una pelea a muerte contra las concepciones sostenidas por quienes están convencidos de la necesidad del frente único con los enemigos de la clase obrera.

La única manera de defender en serio las libertades democráticas, castigando a los asesinos y represores de ayer y de hoy, liberando a los presos y desprocesando a los miles de luchadores perseguidos, es mediante la conformación de una amplio movimiento, que además de independiente del gobierno esté íntimamente ligado y relacionado a la clase obrera y a sus organizaciones combativas.

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